El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un catálogo de infracciones para la elección judicial, que incluye restricciones a aspirantes, campañas anticipadas, y servidores públicos, además de medidas contra el uso indebido de programas sociales.
Restricciones para aspirantes y campañas anticipadas
El INE ha establecido que las personas que aspiren a participar en la elección judicial, así como quienes obtengan una candidatura, tendrán prohibido realizar actos anticipados de campaña, contratar propaganda en medios de comunicación o espacios digitales, y emitir mensajes que vulneren el interés superior de la niñez o incurran en calumnia.
Además, se prohíbe que utilicen recursos públicos o se identifiquen con algún partido político. Estas medidas buscan prevenir la intervención partidista en el proceso y garantizar la imparcialidad en la contienda.
INE prohibe el uso de programas sociales
Uno de los puntos más relevantes aprobados por el INE es la regulación del uso de programas sociales durante el proceso electoral. Según el consejero Martín Faz, esta medida es esencial para evitar la coacción del voto mediante la entrega de beneficios sociales.
A partir de esta regulación, queda prohibida la organización de foros por parte de dependencias o entidades responsables de programas sociales que impliquen beneficios directos a la población. Además, los operadores de estos programas, incluidos los llamados “servidores de la nación”, no podrán actuar como moderadores ni participar en actividades relacionadas con la elección judicial.
Disputa interna en el Consejo General del INE
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, presentó propuestas para flexibilizar las restricciones, como permitir que partidos políticos y servidores públicos se posicionaran públicamente a favor o en contra de candidaturas. Sin embargo, estas propuestas fueron rechazadas por la mayoría del Consejo General.
Por su parte, Taddei y su bloque, integrado por Norma Irene de la Cruz, Rita Bell López y Jorge Montaño, también se opusieron a regular el uso de programas sociales, aunque estas restricciones finalmente fueron aprobadas por mayoría.
Implicaciones para partidos políticos y funcionarios públicos
Los partidos políticos y servidores públicos enfrentan estrictas limitaciones. No podrán participar en actividades proselitistas, contratar publicidad, ni utilizar recursos públicos o programas sociales con fines electorales. Cualquier infracción será considerada una violación al artículo 134 de la Constitución, que regula el uso de recursos públicos.
Además, la presidenta Claudia Sheinbaum ha solicitado aclaraciones sobre si el gobierno puede informar desde las conferencias matutinas. No obstante, el INE ha reiterado que cualquier uso de recursos públicos para promoción durante el proceso será sancionado.
Ciudadanía y observadores electorales también bajo la lupa
El INE también incluyó en su catálogo de infracciones medidas para regular la participación de la ciudadanía. Queda prohibido influir en el proceso mediante encuestas o sondeos de opinión que favorezcan a una candidatura.
Asimismo, se restringe la participación de militantes o representantes de partidos políticos como observadores electorales, con el objetivo de garantizar un monitoreo imparcial.
Hacia una elección más equitativa
Con estas nuevas disposiciones, el INE busca reforzar la equidad en la elección judicial y evitar prácticas que puedan influir en los resultados. Aunque las medidas han sido aplaudidas por algunos sectores, también han generado críticas por parte de quienes consideran que limitan la libertad de expresión y complican la participación ciudadana.
El proceso electoral judicial será un reto para el INE, que deberá garantizar el cumplimiento de estas disposiciones en un contexto donde la polarización y los intereses políticos pueden poner a prueba la integridad de la contienda.
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